El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria asegura que la propuesta legislativa impulsada por la diputada Rosaura Méndez Gamboa es inviable, presenta falencias técnicas y podría encarecer el cuidado de las mascotas en el país.

El gremio veterinario advirtió que el proyecto de ley para establecer clínicas veterinarias estatales en Costa Rica, aunque busca ampliar el acceso a la atención animal, contiene “múltiples incoherencias y contradicciones” que podrían generar efectos adversos tanto en la salud animal como en la salud pública, según reportó Delfino.cr.

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica rechazó este miércoles el proyecto de ley para crear clínicas veterinarias estatales (Expediente No. 25.141), presentado por la diputada liberacionista Rosaura Méndez Gamboa. La presidenta del Colegio, Silvia Coto, reconoció que la propuesta “tiene un espíritu noble”, pero señaló que su planteamiento actual “no es viable” y requiere una discusión técnica más profunda.

Una de las principales objeciones del gremio es la fórmula de financiamiento que plantea un impuesto del 10% sobre productos para mascotas. Coto advirtió que este gravamen sería insuficiente para cubrir los costos de infraestructura, equipos y personal para operar clínicas en todos los cantones del país, y además podría “encarecer artículos esenciales como alimentos y desparasitantes, provocando que los tutores prioricen la alimentación sobre la medicina preventiva, con un impacto directo en la salud animal”.

El Colegio también cuestionó que la propuesta asigne al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) la administración de las clínicas, señalando que sus sedes no están en zonas remotas ni cuentan con quirófanos, laboratorios o personal suficiente. “Asignar más funciones a las múltiples que ya de por sí tiene el Senasa es la ruta garantizada a la ineficiencia”, dijo Coto, recordando que esa institución enfrenta un recorte de cerca del 12% de su presupuesto mínimo requerido.

Además, el gremio denunció un “desconocimiento de la medicina veterinaria” en el texto legislativo, citando errores como el uso del término “razas menores” y la ausencia de criterios diferenciados para la atención de animales de compañía tradicionales (perros y gatos) y animales exóticos (conejos y hámsteres). También rechazaron que se califique la medicina veterinaria como “cara”, afirmando que debe cumplir los mismos estándares de calidad y asepsia que la medicina humana.

Como alternativas, el Colegio propuso replantear el proyecto eliminando conceptos erróneos, combinar fondos del presupuesto nacional y multas por maltrato animal, implementar subsidios focalizados según nivel socioeconómico, iniciar con clínicas piloto y crear unidades móviles veterinarias gestionadas por municipalidades. Según indicaron, estas medidas permitirían un modelo más viable, gradual y sostenible para mejorar el acceso a servicios veterinarios en el país.